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Aprobada por unanimidad el proyecto de ley de accesibilidad universal de Extremadura.

Fuente: El Periodico de Extremadura

El pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad el proyecto de Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura que obliga a que "todo lo nuevo tiene que ser accesible, tanto de titularidad pública como privada", y ha de proyectarse y construirse "de forma que se garantice un uso no discriminatorio".

En los espacios y edificios en los que las condiciones lo hagan técnicamente imposible o ilógicamente costosa la intervención, se admitirá la posibilidad de realizar soluciones alternativas que tienen que garantizar "el mayor grado de cumplimiento", según ha explicado en su comparecencia el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral.

Del Moral ha detallado que esta normativa actualiza "todo lo relativo a garantizar en la práctica los derechos de las personas con problemas de movilidad o limitaciones sensoriales", tanto de quienes los presentan de forma permanente como temporal, por ejemplo, en el caso de una persona que se rompe una pierna y tiene que hacer uso de muletas o silla de ruedas.

Con la nueva normativa, ha dicho, se "supera el clásico concepto de eliminación de barreras arquitectónicas" para pasar "a un modelo de pleno y libre acceso" de todas las personas a los espacios públicos urbanizados y naturales, así como en la edificación.

El proyecto de ley, según Del Moral, llega al Parlamento con todos los "parabienes técnicos", pues cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo; el respaldo de la sociedad civil, con el "consenso" de todas las entidades representadas en el Consejo Asesor de la Vivienda; y con el "aval del Cermi".

Edificación, transporte público y privado, comunicación, medios de comunicación social e incluso bienes y servicios, son algunos de los aspectos que se regulan en esta norma, que prevé la creación del Observatorio Extremeño de la Accesibilidad y la conservación del Fondo para la Promoción de la Accesibilidad.

Además, se plantea el desarrollo de un registro de tarjetas para personas con discapacidad por movilidad reducida en el ámbito regional y no municipal; y obliga a que los planes de emergencia y evacuación de edificios o instalaciones de uso público tengan que adecuarse a las necesidades de estas personas.

Otro aspecto destacado es que se incluyen de manera expresa los espacios públicos naturales, como parques y reservas naturales.

En la norma se contemplan también sanciones que van desde 300 a 6.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 60.000 euros en las graves y de hasta 300.000 euros para las muy graves.

En el turno de los grupos, el Prex-Crex ha considerado que la norma "no ha sido tan consensuada" como ha defendido Del Moral pues no se ha consultado a todas las asociaciones; algo que ha compartido el PSOE que además ha destacado que el proyecto de ley se basa en "un borrador casi terminado en la legislatura pasada".

Por su parte, IU ha señalado que se trata de una "buena ley" y ha trasladado una queja respecto al ferrocarril, donde se ha pasado en algunos de puertas automáticas a puertas manuales, lo que le causa serias dificultades a personas con movilidad reducida.


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